Empresa con historial cuestionado gana millonario proyecto en Antigua

La adjudicación del proyecto de alcantarillado en La Antigua Guatemala a la empresa Diseño, Planificación, Construcción y Asesoría (Dipconsa) vuelve a encender alertas, debido al historial del contratista en otras obras públicas con resultados polémicos y falta de competencia.

Dipconsa, propiedad de Alejandro José Lucero Marroquín, fue recientemente beneficiada por la Empresa Portuaria Quetzal con un contrato de Q2.9 millones para un estudio técnico, pese a que en 2022 recibió Q36.4 millones para rehabilitar una carretera en Villa Canales que quedó inconclusa y hoy presenta grietas y hundimientos. En ese proceso también fue el único oferente y obtuvo la máxima calificación en precio.

Según los registros del sistema Guatecompras, en ese proyecto vial la empresa recibió más del 60% del pago sin que exista acta de suspensión ni entrega final, situación documentada en investigaciones del medio La Hora.

Otro antecedente relevante es el proyecto de drenajes pluviales en Sipacate, Escuintla, adjudicado en 2025 por Q5.09 millones. Aunque el sistema reporta la obra como finalizada, Dipconsa fue nuevamente la única oferente. Este patrón se repite en múltiples procesos donde la falta de competencia favorece automáticamente a la empresa.

De acuerdo con datos oficiales, Dipconsa opera en contrataciones estatales desde 2011, suma más de 106 contratos por Q226.9 millones y solo en 2025 acumuló 18 adjudicaciones por Q65.5 millones, la mayoría con municipalidades.

En el caso de Antigua, la Municipalidad de Antigua Guatemala aprobó el proyecto con seis votos a favor y tres en contra, pese a que desde el Concejo se advirtió la falta de respaldo técnico y la eliminación temprana de otros oferentes por errores formales.

Estos antecedentes refuerzan las dudas sobre la calidad, fiscalización y transparencia del proceso. Una empresa señalada por obras inconclusas, contratos sin competencia y pagos sin cierre formal vuelve a recibir recursos públicos millonarios, mientras las autoridades municipales avalan el procedimiento sin exigir mayores garantías.

El caso evidencia un problema estructural: adjudicaciones repetidas a proveedores con historial cuestionado, bajo esquemas de licitación con poca o nula competencia, que terminan debilitando la confianza ciudadana y poniendo en riesgo la correcta ejecución de fondos públicos.