Gobernadora denuncia ilegalidades en proyecto de San Mateo y acusa presión política

La gobernadora de Sacatepéquez, Angelina Aspuac, denunció irregularidades graves en el proyecto de construcción de la escuela de San Mateo impulsado por la Municipalidad de Antigua Guatemala, señalando directamente al alcalde Juan Manuel Asturias de promover un proceso con sobrevaloración y vicios legales.

Aspuac explicó que, aunque el CODEDE votó inicialmente para respaldar el proyecto, posteriormente razonaron su voto y dejaron claro que la decisión final recaía únicamente en ella, lo que calificó como una forma de evadir responsabilidades. “Se lavaron las manos y me dejaron sola con la carga”, afirmó. Según la gobernadora, el convenio original era por Q17 millones, pero la adjudicación se realizó por Q27 millones, generando una diferencia de Q10 millones sin una adenda previa ni respaldo técnico válido.

“Desde ahí nace todo: es una ilegalidad. No se puede cambiar el monto y después querer arreglarlo con votos”, sostuvo. Indicó que hasta la fecha no ha recibido el expediente completo y bien fundamentado, y que los documentos presentados solo incluyen cuadros comparativos y rubros inflados, como materiales cuyo precio aumentó de forma exagerada. También reveló que existe otro proyecto en Santa Ana con incrementos de hasta el 83 %, pasando de Q2.5 millones a casi Q5 millones, sin que en ninguno de los dos casos se haya realizado desembolso alguno.

Aspuac cuestionó además el uso del artículo 60 de la reforma al presupuesto 2026 aprobada por el Congreso de la República de Guatemala el 17 de febrero, el cual ahora se pretende utilizar para justificar estos aumentos, advirtiendo que podría abrir la puerta a actos de corrupción y que no está claro si aplica de forma retroactiva. “Si no es retroactiva, yo quedo expuesta. No voy a firmar algo ilegal”, señaló.

Aunque la Contraloría General de Cuentas ha emitido opiniones favorables a la firma de la adenda basadas en ese artículo, la gobernadora consideró preocupante esa postura. Aseguró que únicamente ella y el delegado de Salud votaron en contra por considerar que el proceso era irregular desde su origen. También denunció presiones políticas, actitudes prepotentes y trato discriminatorio por parte del alcalde, afirmando que no acepta que una mujer tenga autoridad y que pretende imponer sus decisiones. Recordó que incluso le exigió enviar antimotines para disolver protestas ciudadanas, solicitud que rechazó por tratarse de manifestaciones pacíficas.

Finalmente, Aspuac reiteró que mientras no reciba un expediente completo, actualizado y con respaldo técnico real, no firmará ninguna adenda. “Mi deber es cuidar los fondos públicos. No voy a avalar una ilegalidad aunque me presionen”, concluyó.