La Gobernadora de Sacatepéquez y el Alcalde Juan Manuel Asturias acuerdan la adenda

La Municipalidad usó páginas net center para atacar, violentar y criticar a la Gobernadora de Sacatepéquez

En la reunión llevada a cabo el dia de hoy en las instalaciones de la Gobernación  de Sacatepéquez el equipo jurídico de Angelina, presentó un oficio  en el cual detallaron todo el proceso el cual catalogaron de violento, misógino crítico contra Angelina Aspuac pues utilizaron páginas y dinámicas tipo netcenter con un discurso repetido, dirigido casi exclusivamente contra la Gobernadora, y paralelamente comenzaron a circular declaraciones incompletas o sacadas de contexto que alimentaron la idea de que alguien “bloquea” y alguien “no quiere”.

La gobernación quería darle una salida a la crisis que creó la misma Municipalidad de Antigua Guatemala

La reunión arrancó con una decisión necesaria. Volver al terreno técnico, dejar constancias y ordenar la línea de tiempo, aunque incomode. Se recordó que esta no era la primera mesa y que ya han sido varias muchas de las cuales fracasaron debido a que representantes de la municipalidad no conocían el caso o el debido proceso.

La municipalidad llegó con una postura dura encabezada por Juan Manuel Asturias que rechazó la versión presentada por otros participantes sobre lo ocurrido en el tiempo, pidió dejar constancia de que no comparte los relatos ni las conclusiones y sostuvo que no se trata de ocho meses sino de alrededor de un año intentando regularizar la adenda.

También insistió en que los fondos están en Consejos de Desarrollo, que el avance físico está en obra y que el problema no es de requisitos sino de voluntad. Ese fue su eje. Que se desembolse y que se destrabe ya.

Juan Manuel iba a chocar mientras Gobernación buscaba enmendar

Juan Manuel Asturias quiso ocultar lo que quedó al descubierto. El procedimiento original tenía grietas. La mesa lo abordó con frialdad, cómo se deben tratar los casos que se auditan. Se pidió revisar si la municipalidad traía realmente los documentos necesarios para justificar técnicamente la adenda y se volvió a colocar sobre la mesa lo que se había advertido desde antes. Sin sustento técnico y administrativo ordenado, esto se cae. Y cuando se cae, alguien carga con la responsabilidad.

El artículo 60 el salvavidas del alcalde

El artículo 60 del Decreto 3-2026, publicado el 9 de febrero de 2026, se convirtió en la salida legal para encauzar el ajuste. Este artículo regula el ajuste, ejecución y liquidación de convenios entre Consejos de Desarrollo y municipalidades. Dice, en esencia, que pueden suscribir adendas, pero bajo condiciones, y la condición clave es que estén sustentadas con documentos técnicos y administrativos.

Además, el aporte del Consejo debe mantenerse fijo y cualquier diferencia la absorbe la municipalidad con recursos propios. Eso es lo que la mesa entendió como el carril legal disponible.

La Municipalidad presentó documentos para legitimar sus procedimientos

La municipalidad dijo haber llevado documentos complementarios, incluida la opinión de Contraloría y análisis técnicos, y que había gestiones con Finanzas. Y aquí entra el detalle que la gente debe entender. Una opinión de Contraloría no es una “orden” que resuelve el caso.

Es un soporte. Incluso se recordó en mesa que los dictámenes no deben tomarse como resolución definitiva, sino como insumos técnicos y legales. Eso obliga a hacer el trabajo completo. Y el trabajo completo es expediente, no discursos.

La retroactividad no permitía la aplicación del artículo 60 en el proceso

El otro punto crítico fue el de la retroactividad. Se dijo con claridad. El artículo 60 es reciente y la Constitución prohíbe aplicar normas hacia atrás. Ese argumento es de los que tumban procesos cuando se hace un trámite mal fechado o mal armado. Por eso la mesa se inclinó a una solución práctica que, al mismo tiempo, evidencia el problema de origen.

Si la norma nace el 9 de febrero, lo correcto es presentar una solicitud nueva o reiterada, con fecha posterior, invocando el artículo 60, y adjuntando todos los soportes. No para “inventar” la ley, sino precisamente para evitar el riesgo de que la adenda se caiga por forma.

La gobernadora quiere apoyar el proceso la municipalidad quiere seguir operando de manera oscura

La Gobernadora, buscó desde su puesto en la  mesa insistir en blindar el procedimiento porque se trata de fondos públicos y porque nadie, en su calidad de autoridad, está para firmar un expediente que después se convierta en un problema penal, civil o administrativo. En Guatemala, una firma sin respaldo no es un error, es una condena en potencia.

La mesa también aterrizó algo que suele omitirse en el show público. La salida tiene que quedar escrita. No basta con lo grabado. Se pidió acta, acuerdos claros, y una ruta de pasos. Lo que salga de esta mesa debe ser posterior, con fechas correctas, con el paquete completo y con traslados formales. Porque si mañana la Contraloría revisa esto, no va a revisar “intenciones”. Va a revisar el expediente. Va a revisar las fechas. Va a revisar soportes. Va a revisar quién opinó qué y con qué documento.

Con una ruta legal concreta y con una advertencia política que nadie debería ignorar. El expediente se puede destrabar, sí, pero solo si se acepta la verdad incómoda. El procedimiento anterior estaba mal encuadrado por parte de la Municipalidad de Antigua Guatemala y  por eso se volvió crisis.