Alcalde fracasa al intentar desmontar seguridad

Un juez rechazó el amparo promovido por el alcalde de Antigua Guatemala para desmantelar el sistema de cámaras. La resolución confirma que la seguridad no puede someterse a disputas políticas ni a decisiones discrecionales del poder local.

La justicia puso un límite claro a la pretensión del alcalde de Antigua Guatemala, José Manuel Asturias Sueiras, de retirar el sistema de videovigilancia que opera en el casco urbano. Un juzgado competente rechazó el amparo interpuesto contra FUNDANTIGUA al concluir que no existe base legal para suspender o desmantelar un mecanismo que protege a la población y que se encuentra en funcionamiento regular.

La resolución judicial ratifica que más de 500 cámaras, una central de monitoreo y botones de emergencia continúan activos y bajo supervisión de la Policía Nacional Civil. Contra el discurso municipal, el sistema no está privatizado ni responde a intereses particulares o políticos, desmontando así la narrativa oficial que buscó justificar su eliminación sin sustento jurídico.

FUNDANTIGUA explicó que el sistema fue entregado al Ministerio de Gobernación como una contribución para prevenir la delincuencia, y que se desligó del convenio con la Municipalidad cuando el equipo comenzó a utilizarse para la imposición de multas. El intento del alcalde de judicializar la seguridad ciudadana aparece, en este contexto, como una maniobra que ignora resultados: el esquema ha operado por casi seis años y ha contribuido a reducir la violencia.

El fallo fue contundente al suspender definitivamente el trámite del amparo por quedar sin materia, ordenar el archivo del expediente y sancionar al abogado interponente. La decisión deja una lección incómoda para el poder local: cuandose pretende retirar la seguridad por cálculo político o capricho administrativo, no pierde una fundación, pierde la ciudad.