Viajar sin rendir cuentas también es violar la ley

En Guatemala, los viajes oficiales se han convertido en una coartada para aparentar gestión mientras se evade la obligación central del cargo: rendir cuentas. Funcionarios que salen del país con dinero público regresan con fotografías protocolares, pero sin informes, sin resultados y sin explicaciones. La reciente salida del alcalde Juan Manuel Asturias y varios concejales de La Antigua Guatemala no es un hecho menor: es la confirmación de una práctica sistemática de opacidad.

El viaje a Coral Gables fue presentado como una “gestión institucional”, pero no existe, a la fecha, ningún resultado público verificable que justifique el gasto. No hay proyectos aprobados, no hay inversión confirmada, no hay cooperación técnica formalizada. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas (Decreto 31-2002) obliga a todo funcionario que administre fondos públicos a rendir cuentas del uso de esos recursos. Viajar sin informe previo ni posterior convierte el gasto en legalmente cuestionable.

Más grave aún: no existe ningún informe público de labores correspondiente al año 2025 por parte de la Alcaldía de Antigua Guatemala. Ninguno.

No hay documento anual de gestión, no hay informe consolidado de resultados, no hay memoria de labores, no hay rendición pública de cuentas. Esta omisión vulnera directamente el Código Municipal (Decreto 12-2002), que establece que el Concejo Municipal debe conocer, aprobar y fiscalizar los informes de labores del alcalde y de la administración municipal (art. 35). Si no hay informe, no hay fiscalización posible. Y si no hay fiscalización, hay encubrimiento administrativo.

La omisión también viola la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008), que obliga a las municipalidades a publicar de oficio información esencial: planes operativos, resultados de gestión, ejecución presupuestaria, gastos y viajes oficiales. La ausencia total de un informe de 2025 no es un descuido: es una negación abierta del derecho ciudadano a saber.

Este incumplimiento no se agota en el ámbito municipal. El uso de recursos públicos sin respaldo documental puede y debe ser conocido por la Contraloría General de Cuentas y, cuando se trata de control del gasto público, por el Congreso de la República de Guatemala, en particular por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. No rendir cuentas ya no es solo una falta administrativa: es un asunto de control del Estado.

A esto se suma que el viaje se realizó sin que el acta del Concejo Municipal estuviera ratificada previamente, consolidando una práctica peligrosa: primero se gasta, después se intenta legalizar. Mientras tanto, La Antigua Guatemala quedó varios días bajo una administración interina débil, con un alcalde ausente y decisiones mínimas. Gobernar a distancia no es gobernar; es eludir responsabilidades legales y políticas.

El problema no es un viaje. Es el patrón. Una administración que gasta sin informar, viaja sin rendir cuentas y opera sin transparencia. Antigua no necesita funcionarios acumulando millas; necesita autoridades que cumplan la ley, presenten informes reales, públicos y verificables, y expliquen con documentos y cifras qué hicieron en 2025 y en qué se gastó el dinero de los vecinos.

Porque cuando no existe ningún informe, el debate deja de ser político y se convierte en un incumplimiento legal abierto.